El vicegobernador Adán Bahl, acompañado de funcionarios del gobierno provincial, anunció la adjudicación, por parte del gobierno y a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, de 500 viviendas en la capital de la provincia. “En este contexto recesivo, la obra generará un impulso en la economía local y sobre todo es una excelente noticia para las familias que esperan su casa propia”, dijo Bahl.

El vicegobernador anunció que la provincia en co-financiamiento con Nación comenzará con las obras para estas viviendas que permitirán que 500 familias paranaenses puedan acceder a su casa propia. En ese marco dijo que “ha sido una decisión estratégica del gobierno provincial no sólo la de brindar soluciones habitacionales a nuestros vecinos sino también de generar una reactivación económica en la zona. Esta inversión implicará más de mil millones de pesos, de los cuales 415 millones los aportará la provincia para iniciar estas obras. Es una apuesta para dinamizar la economía”, sostuvo.

“Además de ser la obra más significativa que se ejecutará desde el IAPV, tiene la particularidad que la provincia adquirió los terrenos” expresó Bahl al tiempo que agregó que “en el futuro se deberá trabajar codo a codo con el municipio para que los servicios lleguen a los más de dos mil paranaenses que vivirán allí”.

También el titular del IAPV, Marcelo Cassaretto, reiteró que “se trata del proyecto más grande que ha encarado el IAPV en la provincia en los últimos 40 años, lo cual habla del compromiso que tienen el gobernador Bordet y del vicegobernador Bahl con la ciudad de Paraná”. “Tenemos previsto que en unas semanas podamos firmar el contrato de obra con la empresa, y comenzar con el primer tramo de estas viviendas, que se entregarán con todos los servicios esenciales: agua, cloaca, energía, alumbrado público y apertura de calles”.

“Creemos que en abril podríamos estar comenzando con un primer tramo de 200 vivienda e ir anexando 100 por mes hasta completar las 500? sostuvo Casaretto y explicó que las familias interesadas en acceder a una vivienda tienen que inscribirse por internet, en la página web de IAPV, Registro de Demanda Habitacional que ya cuenta con 8000 inscriptos en Paraná”.

Del anuncio que se realizó en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, participaron también el ministro de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; el vicepresidente del Iapv, Marcelo Báez; Amalia Peroni y Fabian Flores, vocales del instituto; Marcelo Richardt, secretario de Planeamiento; y demás autoridades provinciales.



Características de las viviendas

Las unidades habitacionales estarán ubicadas en calles Juan Baez, Selva de Montiel y calle Pública N° 751 de la capital provincial. Tiene un plazo de ejecución de 21 meses corridos para las viviendas y de 17 meses para las obras de infraestructura.

Las unidades habitacionales se ejecutarán con fondos del Plan Nacional de Vivienda, que se cofinancia entre la provincia y la Nación. Otra de las particularidades de las viviendas es que no contarán con un tanque de reserva de agua elevado, sino que será agregado en el fondo de la casa una cisterna con bomba con lo cual se mejorará el sistema de agua potable.



Adjudicación

En el marco del Plan Nacional de Vivienda, se adjudicó a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) “Caballi S.A – Szczech S.A (en formación) la ejecución de la obra PARANÁ 500 viviendas en la ciudad de Paraná.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 21 meses corridos para las viviendas y de 17 meses para las obras de infraestructuras.

Fuente: AIM Digital

Para recibir financiamiento para estos programas se exigirá que quienes son investigados no tengan ninguna participación en el negocio; el Gobierno dice que aplica normas internacionales
“Odebrecht sigue siendo de Marcelo Odebrecht”, se quejó un directivo de la construcción aludiendo a la empresa de ese sector más importante de América Latina y a las secuelas -o la falta de ellas- sobre la composición accionaria de la firma tras el Lava Jato. Un abogado del sector, cerca de Tribunales, se lamentaba sobre cómo, tras la nueva reglamentación oficial, uno de sus clientes comenzaba a quedarse afuera de futuros negocios de la obra pública. La semana pasada esas normas fueron motivo de un largo debate en el consejo directivo de una constructora. Y pese a que algunos ven como irreversible la situación, en una importante firma del sector comparaban cómo las renovadas reglas para una parte de la construcción y sus empresas se parecen a las que el FMI impone a la economía argentina. “Es como si te estuvieran diseñando el modelo de la empresa para los próximos cinco años”, dijo.
El caso de los cuadernos de las coimas (la corrupción) y el riesgo emergente argentino (la falta de financiamiento) impulsaron de manera indirecta una revolución silenciosa que comenzó a producir cambios en el diseño mismo de los directorios de las constructoras y en sus núcleos de poder.

El “ruido” lleva tiempo, pero explotó dos semanas atrás con una noticia en las tapas de los diarios. El 4 de abril, el Gobierno confirmó que se invertirán US$900 millones para agilizar las obras viales licitadas con el esquema de participación público-privada (PPP).El dinero llegará del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -US$200 millones- y de la banca internacional (JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Citibank y UBS), que aportaría el resto del financiamiento.

Pero ni el BID ni la banca extranjera (y menos la banca local, que en un primer momento iba a aportar los fondos el primer año) estaban dispuestos a asumir el riesgo reputacional de quedar asociados a empresas salpicadas por el escándalo de los cuadernos en tiempos del kirchnerismo, cuando se enriquecieron funcionarios y financiaron campañas. La solución ideada en agosto por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conduce Francisco Cabrera, se llamó “marco de integridad” y obliga a los salpicados que quieran participar de un PPP y que pretendan conseguir financiamiento del fideicomiso creado por el BICE -una de las pocas opciones existentes para financiar grandes proyectos de infraestructura- no solo a dejar afuera del consejo directivo de la firma al individuo salpicado en una causa de corrupción, sino también a que aquel venda sus acciones.

“Si dicho evento de integridad (procesamiento firme en segunda instancia, una sentencia o arrepentimiento) está relacionado con una persona humana, dicha persona humana será desvinculada de su empleo, función o posición dentro de la estructura del cliente, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la detección de dicho evento”, dice una de las cláusulas del marco. “Si dicho evento de integridad está relacionado con un accionista persona humana, el derecho a voto de dicho accionista (directo o indirecto) será revocado inmediatamente. Asimismo, dicho accionista deberá transferir y/o vender todos los derechos políticos o económicos que posea en el cliente dentro de los 90 días hábiles posteriores a la ocurrencia de dicho evento. Dicho plazo podrá ser prorrogado a satisfacción del BICE (…) por igual término, siempre que el propietario de dichas acciones haya demostrado de forma fehaciente su voluntad de concretar dicha transferencia dentro del período inicial”, agrega la siguiente en el texto del fideicomiso.

“Se trata de un marco de integridad claro, objetivo y redactado por el BICE y el BID, y convalidado por dos estudios de abogados internacionales”, afirmó a LA NACION José Luis Morea, gerente general del BICE y uno de los impulsores del diseño de los PPP, que aclaró que la participación o no de las empresas en este fideicomiso es voluntaria. “Pueden conseguir financiamiento en otro lado”, dijo. Claro que esa posibilidad es difícil con el actual riesgo país argentino y con el caso de los cuadernos involucrando a cada vez más empresas. Y las constructoras locales lo saben.

“Se empieza a ver informalmente que varias de esas empresas toman acciones dentro de sus consejos. Hay acciones preventivas y directivos que se apartan del management. Además, modifican estructuras corporativas y hay accionistas que ceden su participación en la sociedad”, dijo Morea, que agregó que el marco tiene como base las normas de compliance de mucho bancos extranjeros. Según su opinión, los bancos locales comenzarán también a aplicar esta adecuación. Este mismo marco de integridad se aplicó también para la licitación de un PPP de transmisión eléctrica en marzo pasado y promete extenderse en el futuro para este tipo de proyectos.

Acciones preventivas
“Aquel que está en un contrato PPP tiene un plazo de 30 días para el cambio de acciones”, afirmó Agustina Morán, oficial de Integridad del BICE. “Lo cierto es que quien tiene un evento de integridad lo sabe. No es una sorpresa. Aquel que se va a arrepentir habla con sus abogados”, agregó. Ya dentro del PPP, y a la hora de cambiar las acciones de manos, no se pueden transferir a un familiar con hasta un segundo grado de cosanguinidad (hermanos, abuelos y nietos; por afinidad: padres políticos y cónyuge de la hija o hijo). Por eso, los dos funcionarios del BICE afirmaron que comenzaron a ver acciones preventivas en las empresas antes de ingresar a los PPP.

“Esto es un desastre hecho por alguien que no tiene idea. Cómo te van a obligar a vender las acciones de la empresa”, se quejó el dueño de una constructora familiar. “Te comprometés a vender las acciones de tu empresa si estás procesado. Pero en esa situación no está demostrada tu culpabilidad. Todo eso para obtener un préstamo del BID que no llega al 10% de la inversión necesaria. Además, me gustaría saber cuánto se están apartando de las normas de licitación”, dijo.

“Se han pasado de largo con las normas de compliance. En la Argentina, a diferencia de Brasil, la maniobra fue organizada desde el Gobierno, no desde las empresas, y de lo contrario te cerraban la empresa”, se quejó el constructor. “De una ronda de consultas, la palabra más saliente es utopía. Que te obliguen a vender, puede ser. Pero, ¿y si no podés?”, agregó otro empresario.

En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) dijeron que prefieren no opinar en este momento. “Perderíamos la industria. Es una idea descartada en todo el mundo”, agregó uno de los muchos abogados ligado a la construcción que están mirando el tema con preocupación.

Sin embargo, este marco podría extenderse a toda la obra pública y no solo a los PPP. En octubre pasado, para impulsar esta idea resistida en algunas de las compañías enfrascadas en los tironeos judiciales, la Oficina Anticorrupción (OA) dio un primer paso para que esta situación de adecuación a las normas de la banca internacional para las empresas se expanda: presentó los lineamientos para diseñar, implementar y mantener “un buen programa de integridad”.

El agujero negro de la construcción
900

Millones de dólares

Es el financiamiento que anunció el Gobierno para agilizar las obras viales con el esquema de participación público-privada (PPP)

200

Millones de dólares

Es el aporte que hará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El resto será aportado por un grupo de bancos privados internacionales

30

Días para vender

Es el plazo que tienen los empresarios bajo investigación para desprenderse de sus acciones, condición necesaria para recibir el financiamiento

Fuente: La Nación

El gobierno provincial licitó el proyecto que permitirá sanear el río.

Dos empresas compiten en la licitación para concretar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, que permitirá tratar el 100% de los efluentes de la ciudad y garantizará que a fines de 2020 el río Negro esté totalmente saneado, ya que ninguna localidad volcará líquidos crudos a sus aguas.

La obra se realizará con fondos propios de la provincia y partirá de un monto de casi $250 millones.

Una de las ofertas fue de Codam SA, con un presupuesto de $214.990.184, y la otra, de Ecosur Bahía SA, que cotizó el trabajo en $200.072.668.

De esta forma, la obra no sólo tratará el 100% de los efluentes generados en la actualidad con casi 90.000 habitantes, sino que tiene la proyección de cubrir el servicio de 128.150 personas a futuro, sumado a los residuos cloacales de Fernández Oro.

“Esta es una obra que mira hacia el futuro porque nos permite no solo cuidar nuestro río, sino garantizarle a las futuras generaciones un ambiente sano”, enfatizó el gobernador Alberto Weretilneck durante el acto.

El titular del DPA, Fernando Curetti, sostuvo: “Creemos firmemente en sistemas de gestión sostenible, miramos al mundo y nos proyectamos a futuro, con una decisión radical para esta provincia y comprometidos con nuestro río, una política que desde el gobierno provincial impulsamos y desarrollamos para proteger y preservar el ambiente”.

A su vez, garantizó que “la planta permitirá que para 2020/2021 ambos balnearios de la Isla Jordán estén aptos de manera definitiva para ser utilizados como uso recreativo”.

El proyecto se pondrá en marcha en el segundo semestre del año.

Fuente: LMCipolletti

La intervención se realizará en el sector que une Huanqueros y el sur de Esteban Rams. La inversión provincial supera los 449 millones de pesos.

REGIÓN. En el marco del Plan del Norte, el Gobierno provincial abrió este en Tostado, las ofertas de la licitación de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial N° 2, en un tramo de 19 kilómetros entre Huanqueros y la zona sur de Esteban Rams. Las tareas tienen un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto oficial de $449.423.964.

El acto estuvo encabezado por el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, quien explicó que “con la creación de los puertos del área metropolitana de Rosario y la lamentable eliminación del ferrocarril, gran parte de la producción del Noroeste argentino utiliza la Ruta 2 para llegar por los puertos del sur provincial. Por eso es necesaria una inversión constante”.

“El mantenimiento de esta ruta debería ser financiado con fondos nacionales, porque le estamos prestando servicio a gran parte del país, pero lo estamos haciendo con el esfuerzo de los santafesinos”, agregó.

Por su parte, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, mencionó que “esta es una obra importante porque es nuestra ruta, nuestra salida, por donde pasa el transporte comercial, vehicular, de pasajeros y fundamentalmente es la ruta natural para los centros de salud de mayor complejidad”.

Posteriormente, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, expresó que “en un contexto nacional difícil, en el cual se paran obras y la economía golpea los bolsillos de los trabajadores, que tengamos un Gobierno provincial que siga invirtiendo y a través de la obra pública siga sosteniendo muchos puestos de trabajo, es muy importante”.





Las ofertas

En el llamado a licitación se presentaron 16 oferentes: Marcalba S.A.: $ 579.919.041,64; Rava S.A.: $ 408.964.983,56; Dycasa S.A.: $ 471.344.457,98; Constructora Dos Arroyos S.A.: $ 432.006.468,08; Lemiro Pablo Pietroboni S.A.: $ 476.381.860,53; Laromet S.A.: $ 432.516.609,00; Eleprint S.A. – Tecsa S.A. (Unión Transitoria de Empresas): $ 505.038.230,00; Luis Losi S.A.: $ 513.049.713,33; Obring S.A.: $ 408.969.794,39; Rovial S.A.: $ 439.935.566,08; Antonino Milisenda S.A.: $ 477.268.249,05; Edeca S.A.: $ 451.850.853,79; Néstor Julio Guerechet S.A.: $ 413.965.143,10; Pose S.A.: $ 419.270.923,08; Vial Agro S.A.: $ 447.999.644,23; y Ponce Construcciones S.R.L.: $ 491.224.103.27.



La obra

Debido al estado de deterioro que presenta la calzada, producto del gran caudal de transportes de carga que circula por la región, el Gobierno provincial repavimentará el tramo comprendido entre el kilómetro 241 y el kilómetro 260 de la Ruta Provincial Nº 2. Para estas tareas, se optó por reciclar el material que formará parte de la base. De esta manera, junto con las nuevas capas, el paquete estructural será de 45 centímetros de espesor.

Asimismo, la obra incluirá una calzada de concreto asfáltico modificada con polímeros y se proyectó el ensanche de la misma de hasta 7,30 metros, para brindar condiciones óptimas de seguridad.

Fuente: Diario Castellanos