“Hemos acelerado los pagos de la obra pública, lo que significó en julio una inyección de caja al sector”. Con esas palabras -contaron fuentes oficiales a LA NACION-, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , buscó llevar calma a sus interlocutores, gerentes y presidentes de los principales bancos del país, preocupados porque -con un ajuste en marcha, tras la devaluación y el impacto del caso de los cuadernos de las coimas- algunos de sus principales clientes, las constructoras, dejarán de pagar sus deudas en el corto plazo.

Dietrich, junto al secretario de Programación Económica, Guido Sandleris, y el secretario de Participación Público Privada (PPP), José Luis Morea, recibieron en el Palacio de Hacienda a varios banqueros. Entre ellos estuvieron Gabriel Martino (HSBC), Germán Magnani (Supervielle), Martin Duhart (BID), Lorenzo Ignacio (Santander), Eduardo Zemborain (ICBC), Maximo Razetti (Citi), Enrique Vivot (UBS), Pedro Delvecchio y Gustavo Pascual (BBVA Francés), Ariel de Santo (Banco Galicia) y Juan O’Connor (Itau). También participó el exministro de Producción Francisco Cabrera, en su nuevo rol como presidente del BICE.

“Todos conocemos las condiciones del mercado”, dijo un banquero ante la consulta de la nacion sobre la reunión. “Dietrich habló mucho sobre productividad, competitividad y los PPP que se vienen”, contó. “Dijo que la obra pública no debería pararse porque la plata está”, agregó el directivo. Desde otro banco contaron a este medio que buscaron transmitir tranquilidad y asegurar que “las obras siguen” porque los procesos actuales “son transparentes”. Además, “quieren separar implicancias judiciales entre personas físicas y jurídicas para preservar el empleo”, señaló. No será un tema fácil teniendo en cuenta la nueva ley penal empresaria.

En Transporte recalcaron que se mantendrá la mesa de trabajo intersectorial cada dos o tres meses con la Uocra y la Camarco en la que se evalúa el avance de las obras y el empleo. “Estamos frente a un hecho inédito en la lucha contra la corrupción”, dijeron desde esa cartera a este medio. “Desde 2015 cambió la forma de hacer obra pública en la Argentina; cambiaron las reglas de juego y los procesos licitatorios. Los pliegos que antes se compraban hoy son gratuitos de acceso libre y anónimo, por lo que nadie sabe quién se presenta; esto ha roto con la cartelización”, recalcaron. “Toda la información, las consultas, los actos administrativos se encuentran en Internet y se hacen con total transparencia. Hemos logrado así multiplicar la concurrencia a la obra, y la mayor competencia ha generado mejores precios y menos gasto para el Estado. Hacer una autopista en 2015 valía el doble de lo que vale ahora. Esto nos separa del caso de Brasil, donde la investigación se dio en un marco donde el sistema seguía siendo corrupto”, estimaron.

Sobre los PPP, también se buscó llevar tranquilidad a los bancos, muchos de los cuales participan de los proyectos. “Los plazos continúan tal cual lo establecido. Generamos una estructura muy solida; ya se han firmado los contratos y los consorcios han tomado posesión de los corredores. Esperamos en octubre el inicio de las obras”, dijeron cerca de Dietrich.

Agregaron además que el Gobierno cuenta hoy con una liquidez de US$600 millones gracias a las garantías presentadas por las empresas que el Estado podría cobrar en caso de que los concesionarios incumplan con el plan de obras dispuesto por Vialidad Nacional.

“Para fines de año, y gracias a estos PPP, vamos a tener entre obras de autopistas finalizadas y en ejecución, unos 2800 km, que es la misma cantidad que las que se hicieron en los últimos 65 años”, se esperanzaron pese al contexto.

En cambio, en el sector empresario creen que el ajuste pactado con el FMI, sumado a la devaluación que atrasó nuevamente las tarifas (se requerirían más subsidios) y al caso de corrupción que golpea a la obra pública pueden generar un impacto en la economía, pero también en el sector financiero, más reacio a financiar proyectos. Es por eso que el Gobierno buscó llevar tranquilidad a los bancos: el flujo de dinero estatal para las constructoras estará.



Fuente: La Nación

Se realizó la apertura de los sobres de la licitación para la tercera etapa del Paseo Portuario. Las obras se centrarán en el corredor de la calle Guillermo Torres, entre el Puesto de Control de Acceso de la Prefectura Naval y la plazoleta, según indicaron desde el Consorcio de Gestión de Puerto Bahía Blanca (CGPBB).

El proyecto contempla la construcción de 467 metros de cantero que enmarcarán palmeras y direccionarán la circulación del corredor central; el reemplazo de iluminación y la generación de zonas de encuentro con bebederos, bicicleteros, cestos papeleros y mobiliario urbano con bancos de hormigón.

Además, se plantará una fuente plana con chorros de agua y diferentes sectores especiales, como es destinado a la salud integradora, otro a juegos infantiles y también uno al descanso, alimentación o juegos de mesa con una estructura propicia a inclemencias climáticas. La iniciativa contará con la creación de sanitarios, una zona de estacionamiento y la colocación de cámaras de seguridad en todo el sector renovado.

Las empresas oferentes fueron Rimsol S.A., Probras Bahia S.R.L., Husal Construcciones y SS S.A. y Argencobra S.A. Luego del informe de la comisión evaluadora con relación a las ofertas y aspectos técnicos, quedará la decisión final en manos del Directorio del CGPBB. El presupuesto oficial es de 18 millones de pesos más IVA.

De la apertura de sobres participó el presidente del CGPBB, Miguel Donadio; el jefe segundo del área administrativa, Juan Ignacio Pérez Tedeschi; la asesora legal, Mónica Blanco; el jefe de Ingeniería y Planificación, Carlos Gines y Ezequiel Walter. También estuvo presente el encargado de compras, Fernando Ariel Jeva. En representación de las compañías participaron los referentes técnicos de cada una.


Para Donadio, esta nueva licitación “mantiene en agenda de trabajo el mejoramiento de la calidad urbanística portuaria que lleva adelante la gestión del CGPBB y a su vez da lugar a la demanda de los visitantes fijos u ocasionales que se acercan al paseo portuario”.

El Contratista terminará las obras en un plazo de 240 días corridos a partir de la fecha de replanteo de la obra. El inicio de los trabajos deberán hacerse efectivos dentro de un plazo de una semana a contar de la firma del contrato.

Fuente: Tres Lineas

El experimento PPP arranca en el país. Las empresas tendrán que construir autopistas, rutas y otras mejoras con dinero que pedirán prestado en el mercado financiero internacional. A cambio, el Estado les irá dando un cheque o título de reconocimiento de inversión (TPI) trimestral. Pero ese TPI no lo pagará el Gobierno, sino que deberán descontarlo en el mercado. El Estado empieza a pagar recién a los cinco años.



Completan la firma de contratos PPP y los privados se compromente a invertir US$ 6.000 millones

Los consorcios cuentan con un año para presentar el financiamiento que utilizarán para construir obras que ellas mismas valuaron en torno a los US$ 6.000 millones.

Vialidad Nacional irá monitoreando la actividad de los consorcios. Les irá dando TPI por los tramos que se vayan realizando.

Las compañías cuentan con un plazo de entre cuatro y cinco años para construir las obras. Después, tendrán una década para el mantenimiento.

Cada consorcio recibirá un TPI (título de reconocimiento de pago de inversión) equivalente a su avance de obra. Eso sucederá cada trimestre. La mayor emisión de TPI será entre el tercer y cuarto año de las obras (2021/22, según la concesión). El Estado solo habilitará el pago de las inversiones una vez que se encuentren finalizadas.

En teoría, el fideicomiso de Vialidad Nacional debiera firmar el primer cheque el próximo 1 de noviembre -a los tres meses de iniciado el contrato-, pero entre las constructoras descartan que haya algo de movimiento hasta el verano de 2019.

Los TPI que emitirá el Gobierno les servirán a los consorcios para ir acumulando promesas de pago del Estado nacional. Por ejemplo, un consorcio que resultó adjudicado con una obra de US$ 800 millones, tendrá en su poder TPI por US$ 80 millones una vez que haya realizado el 10% de la obra. Aunque recién podrá cobrar ese valor pleno desde 2022, puede renegociarlo o vendérselo a un tercero por un valor inferior.

Los consorcios hablarán con sus financistas sobre los TPI que recibirán. En base a esas proyecciones, pedirán prestados miles de millones de dólares.

Las garantías entregadas por los consorcios ayer fueron las otorgadas por bancos locales, que solventarán a los consorcios hasta que puedan conseguir financiamiento internacional. Las entidades locales bancarán hasta que los grupos puedan abrochar la garantía de “cierre financiero”, para lo que tienen un año.

“Los TPI los emite el fideicomiso PPP por instrucción de Vialidad Nacional. Es un derecho de repago. No tiene cláusula de “cross default”. Es con ley de Argentina, no con ley de Nueva York. Es un nuevo activo de clase, que creamos con la ley de presupuesto”, puntualiza José Luis Morea, secretario PPP.

Los consorcios ya calcularon los costos de financiamiento y su rentabilidad en las propuestas presentadas ante Vialidad. Desde 2022/23 comenzarán a cobrar por sus obras y recién en 15 años deben devolver las concesiones.

Aunque los consorcios ya presentaron los nombres de los supuestos financistas que tendrán, tienen un año para convencer a esos bancos de ratificar su intención de prestar dinero para obras viales en el país. Las empresas deben persuadir a bancos e inversores sobre la conveniencia de recibir promesas de pago del Gobierno argentino como forma de pago.

Fuente: Total News

El gobernador Alberto Weretilneck reveló que hay acuerdo para finalizar el acuerdo con la empresa adjudicataria. El gobierno provincial tendrá que salir a licitar la obra nuevamente.

En su visita a Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que rescindirán la obra de la Ciudad Judicial para esta localidad. “Hay un acuerdo de las partes, hubo responsabilidad del gobierno y de la empresa y próximamente vamos a rescindir”, confirmó el mandatario provincial.

El gobernador adelantó que en el corto plazo saldrán nuevamente a licitar la obra para poder comenzarla antes de fin de año. “Desde que soy gobernador superamos las 1.000 obras, la gran mayoría salieron bien y siempre alguna sale mal. La de la Ciudad Judicial salió mal y no funcionó con lo cual estamos en la semana de la rescisión de contrato de mutuo acuerdo”, reveló el gobernador en LU19.

Si bien Weretilneck no hizo referencia a los ajustes que deberá hacer el gobierno provincial en la nueva licitación, el costo que se presupuestó por 307 millones para la primera etapa de la obra que se iba a licitar será mayor. Según el ex intendente cipoleño, el gobierno tiene ese dinero a disposición ya que son parte de las regalías petroleras.

La licitación de la obra fue adjudicada a mediados del año pasado por la empresa DAL Construcciones SA. Una firma de la provincia de Chaco que tiene otras obras en la provincia. Hace un mes la firma comenzó el proceso para iniciar la obra en el área de Catastro del municipio cipoleño pero nunca la terminó. DAL le reclamaba al gobierno provincial reajustar los costos tras la suba del dólar, y desde el Ejecutivo le recriminaban la falta del cumplimiento del contrato, ya que la obra debería haber comenzado hace meses.

Así, el mandatario rompió con el hermetismo que había sobre la resolución de esta obra que significaba más de 100 puestos de trabajo, al menos por tres años que es el tiempo de ejecución de la licitación. El sindicato de la Uocra realizó una protesta por la falta de obra públicas en Río Negro y una de las exigencias era definir la situación de la obra para la Cuarta Circunscripción del Poder Judicial.

Fuente: Diario Rio Negro